Nanchital,Ver.- El secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez el 2 de junio de 2026 en Nanchital no fue un acto aislado de delincuencia común, sino la manifestación más cruda de una estructura criminal que opera con la complicidad de las autoridades de seguridad de Veracruz.
El hecho de que José del Carmen Cadena Escayola, alias «Delta 7», presunto integrante del Grupo Sombra, haya participado directamente en el secuestro demuestra la profundidad de la infiltración criminal en la entidad.
Delta 7 no es un operativo más del crimen organizado; es un operador directo del Subsecretario de Operaciones de la SSP estatal, Gustavo Ricardo Romero Cuevas.
La evidencia es irrefutable: un integrante del Grupo Sombra con acceso a información privilegiada participa activamente en un secuestro de alto impacto, y luego de su detención, la Fiscalía estatal no emite ningún comunicado oficial.
El silencio de las autoridades locales es tan revelador como los crímenes themselves.
La captura de Delta 7 y la caída de policías municipalesJosé del Carmen Cadena Escayola, alias «Delta 7», fue detenido el 25 de junio de 2026 en Coatzacoalcos por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Fiscalía de Veracruz.
Su identificación fue posible gracias a los tatuajes visibles en su mano derecha, que coincidían con las imágenes captadas en el video del secuestro grabado por los familiares de Roxana Guzmán.
Tras su aprehensión, Delta 7 señaló a las autoridades el punto donde presuntamente fue privada de la vida la comunicadora, un rancho en Moloacán donde de manera extraoficial trascendió el hallazgo de restos humanos con características que corresponderían a las de Roxana.
De manera paralela, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro sitió la comandancia y el ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste, donde detuvo a cuatro policías municipales por su presunta relación con los hechos.
Este operativo demuestra la penetración del Grupo Sombra en las estructuras policíacas municipales, operando como una extensión más de su red criminal.
El Grupo Sombra: De brazo armado a operador estatal
El Grupo Sombra, también conocido como «Mafia Veracruzana», ha experimentado una expansión meteórica en los últimos años.
Originado como una escisión del Cártel del Golfo en 2017, este grupo criminal ha pasado de operar en el norte del estado a tener presencia en municipios del sur como Nanchital, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán.
Lo más alarmante no es solo su expansión territorial, sino cómo han logrado traspasar las barreras geográficas sin oposición.
La respuesta se encuentra en la protección que reciben de mandos policiales como Romero Cuevas, quien habría permitido su expansión a cambio de lealtad y control territorial.
La complicidad institucional: El pacto no escritoLa relación entre el Grupo Sombra y elementos de la SSP estatal es evidente en varios casos documentados.
El hecho de que Delta 7, un operador criminal, pudiera coordinar secuestros de alto impacto sin ser detectado sugiere una protección a niveles altos de la corporación policial.
El caso de los jóvenes de Ixhuatlán del Sureste, como Roberto Jonathan Plata, encontrado sin vida en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, demuestra el nivel de impunidad con que opera este grupo criminal.
Estos crímenes, ocurridos en la misma zona donde operaban los policías municipales detenidos, no son coincidencia, sino parte de un patrón de violencia sistemática.
¿Por qué la Fiscalía federal tomó el caso Roxana?
La decisión de la Fiscalía General de la República de atraer el caso de la periodista Roxana Guzmán el 12 de junio de 2026 no es casual.
Esta intervención federal sugiere desconfianza en las capacidades o voluntad de la Fiscalía estatal para investigar un caso que involucra a elementos de su propia estructura de seguridad.
Este precedente es preocupante, si la Fiscalía estatal no puede investigar eficazmente casos que involucran a sus propios elementos, ¿qué confianza pueden tener los veracruzanos en un sistema de justicia que protege a los criminales?
La atracción del caso por parte de la FGR es un reconocimiento implícito de la complicidad institucional en Veracruz.
El llamado a la intervención federalAnte esta situación de colusión entre crimen organizado y autoridades estatales, es imperativo que el gobierno federal intervenga de manera decidida en Veracruz.
La situación ha rebasado las capacidades o la voluntad de las autoridades locales para combatir el fenómeno.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso está siendo directamente atendido por el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, lo que representa una esperanza para esclarecer no solo el caso Roxana, sino la red de corrupción que permite al Grupo Sombra operar con impunidad en Veracruz.
Es necesario que se implementen las siguientes medidas:
1. Una investigación exhaustiva sobre los vínculos entre el Subsecretario Gustavo Ricardo Romero Cuevas y el Grupo Sombra.
2. La destitución inmediata de todos los elementos policiales con señalamientos de colaboración con grupos criminales.
3. La federalización de la seguridad en Veracruz, al menos temporalmente, mientras se depura la estructura estatal.
4. Un mecanismo de protección efectivo para periodistas y comunicadores sociales en la entidad.
5. La creación de una fiscalía especializada para investigar la colusión entre autoridades y crimen organizado en Veracruz.
Mientras estas medidas no se implementen, Veracruz seguirá siendo un territorio donde informar cuesta la vida, y donde los criminales operan con la protección de quienes deberían combatirlos.
El caso Roxana no es una tragedia aislada, sino el síntoma más evidente de una enfermedad que ha corrompido las instituciones del estado hasta sus cimientos.
¿Está Veracruz viviendo bajo un pacto no escrito entre el gobierno estatal y el Grupo Sombra? La evidencia sugiere que sí, y solo una intervención federal decidida podrá romper este círculo vicioso de violencia e impunidad.
