Xalapa, Ver.— El representante legal de los 75 exelementos de la extinta Policía Intermunicipal de la región (Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla) exige al Gobierno del Estado el cumplimiento en el pago de sus finiquitos, de los cuales llevan meses esperando la dispersión sin obtener respuesta favorable.
Óscar Juárez, representante del grupo de extrabajadores, señaló que existe un profundo cansancio entre los afectados, quienes en su mayoría son personas adultas mayores y con enfermedades crónico-degenerativas.
Explicó que las autoridades han postergado el pago con constantes cambios de fecha, siendo la última promesa para liquidar a los 75 extrabajadores entre la segunda semana de julio y la primera de agosto, plazo que venció sin que se concretara el depósito.
De acuerdo con el representante, el conflicto se remonta a julio de 2015, cuando mandos y funcionarios incurrieron en la falsificación de documentos para reducir drásticamente las sumas de liquidación correspondiente a 600 exafectados.
Por sus más de 30 años de servicio, a cada elemento le correspondía un monto superior a 1 millón de pesos.
Tras la presunta falsificación de un documento oficial, las indemnizaciones se recortaron a cifras que oscilan entre los 20,000 y 40,000 pesos por persona mediante acuerdos de mediación.
Juárez estimó que el perjuicio económico conjunto para la totalidad de los 600 excomisionados asciende a 100 millones de pesos.
Actualmente, 171 exelementos han interpuesto recursos por la vía penal ante la falsificación documental, mientras que más de 50 procedieron por la vía contencioso-administrativa.
El representante destacó que el paso del tiempo ha impactado gravemente la salud de los expolicías, reportando el fallecimiento de dos integrantes en las últimas semanas. En total, suman 50 los exfucionarios fallecidos en el transcurso del litigio; de ellos, cerca de 40 familias ya han recibido algún pago, dejando aún a 10 deudos a la espera de resolución dentro de este último paquete.
Ante esta situación, el representante legal hizo un llamado directo a la administración estatal para que intervenga de manera inmediata, resuelva la demanda social y dé cumplimiento a los adeudos pendientes con los 75 extrabajadores restantes.
