Pese a prohibición del Gobierno de Veracruz
Por Alberto Muñoz
Poza Rica, Ver. — Un severo descontento e indignación ha generado entre la comunidad escolar de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Oficial (ESBO) No. 8 “Emiliano Zapata”, el intento de cobro de cuotas de inscripción obligatorias para el ciclo escolar 2026-2027.La medida, impulsada por la subdirectora y encargada de la dirección del plantel, Elizabeth Montes Trujillo, contradice directamente la orden emitida el pasado jueves 6 de agosto por la gobernadora Rocío Nahle García, quien ratificó la prohibición estricta de estos cobros en escuelas públicas del estado y advirtió sanciones para los directivos que incumplan la norma.El conflicto se originó tras la difusión de una minuta de trabajo en la que se fijan cuotas de 2,000 pesos para alumnos de primer y segundo grado, y de 2,150 pesos para los de tercer grado (monto que argumentan incluye el pago del salón de graduación). Con una matrícula estimada en 945 estudiantes, la recaudación total ascendería a casi 1 millón 937 mil pesos, fondos cuyo destino y fiscalización no quedan claros para los tutores.Padres de familia señalaron las principales irregularidades del caso, de lo cuales hay un acuerdo que se firmó en una reunión pactada como «Asamblea General» donde únicamente participaron tres padres de familia, la subdirectora Montes Trujillo y una trabajadora administrativa.El documento carece del quórum legal requerido y no asienta formalmente el sentido de ninguna votación. Pese a que el cobro se abandera formalmente como «cuota voluntaria», la misma minuta exige presentar el comprobante original del depósito bancario y dos copias dentro de los requisitos de inscripción o reinscripción.En el acta se notificó la apertura de una nueva cuenta bancaria a nombre del presidente de la Asociación de Padres de Familia (APF) para recibir los depósitos, indicando que posteriormente se asignará un tesorero para mancomunarla, procedimiento que no fue sometido ni aprobado por una asamblea formal.Los inconformes recordaron que tanto la Ley General de Educación como el Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia establecen con claridad que las aportaciones no pueden condicionar el acceso al derecho a la educación ni ser exigidas por las autoridades del plantel.Ante esta situación, los tutores exigieron la intervención urgente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para investigar las actuaciones de la dirección escolar.Asimismo, hicieron un llamado directo a Víctor Manuel Cortés Barra, supervisor de la Zona Escolar 609, para que revise el actuar de las autoridades de la ESBO No. 8, detenga los cobros indebidos y garantice el apego a la legalidad en el próximo proceso de inscripción.
